Caja de herramientas

Ante la irrupción del COVID-19, el Gobierno del Paraguay actuó rápidamente para proteger los ingresos de los trabajadores, teniendo en cuenta la enorme incidencia de la informalidad que caracteriza al mercado laboral paraguayo. En consecuencia, se dispuso de un fondo social de 300 millones de dólares con el fin de proteger los ingresos de trabajadores no incorporados a la economía formal, dado que sus estrategias de generación de ingreso se vieron afectadas por la pandemia y por las medidas de contención sanitaria dispuestas. De esta forma se creó el primer seguro de desempleo para trabajadores informales del Paraguay, un país cuya institucionalidad en términos de regulación del mercado de trabajo es más bien reciente, habiéndose creado el Ministerio de Trabajo y Empleo en el año 2014. El seguro dispone una transferencia del 25% del salario mínimo a trabajadores no registrados. En 2020, se estimó una cobertura de más de 1.000.000 de trabajadores informales y cuentapropistas. El programa fue ejecutado por el Ministerio de Hacienda, y estuvo enmarcado en el Plan de Recuperación Económica.

La dimensión institucional a destacar de esta política es la vinculada tanto con la jurídico-normativa como la organizacional. La emergencia de la pandemia movilizó recursos de autoridad política que se tradujeron en el desarrollo inédito de seguros de desempleo tanto para los trabajadores formales como informales. Esto señala la importancia de las ventanas de oportunidad para incidir en el diseño de políticas públicas sociales vinculadas con la superación de la pobreza, y la forma en que este diseño se operacionaliza en decisiones organizacionales que involucran recursos presupuestarios y técnico-operativos.

Fuente: G. Reinecke y otros (2020), “Paraguay: Impactos de la COVID-19 sobre el mercado de trabajo y la generación de ingresos”, Panorama Laboral en Tiempos de COVID, OIT.