La niñez se subdivide en tres etapas: la primera infancia, que va de los 0 a los 5 años, la infancia que va de los 6 a los 12 años, y la adolescencia, que va de los 13 a los 18 años.

En América Latina y el Caribe cuatro de cada diez menores de 15 años son pobres. La pobreza y la desigualdad en la infancia y en la adolescencia ocasionan otras carencias, que tienen efectos perdurables a lo largo del ciclo de vida, como son menor acceso a la protección social, a la educación, a la salud, a la vivienda y a los servicios básicos. Una de las consecuencias de la pobreza es el trabajo infantil.

Existen diversos instrumentos internacionales sobre la garantía de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, como son: la Convención sobre los Derechos del Niño, el Convenio 182 de la OIT sobre las peores formas de trabajo infantil y la Declaración mundial sobre la supervivencia, la protección y el desarrollo del niño.

Las políticas prioritarias para reducir la desigualdad en la población infantil y adolescente deben estar orientadas principalmente a la promoción del bienestar y de la inclusión social en todas las etapas de la infancia y adolescencia (incluyendo la erradicación de la pobreza), y a la protección infantil para resguardar el derecho de los niños, niñas y adolescentes a desarrollarse en un entorno seguro y libre de violencia.

La pandemia por COVID-19 ha tenido impactos significativos en las niñas, niños y adolescentes de América Latina y el Caribe. Por ejemplo, la mayoría de los países de la región suspendieron las clases presenciales en todos los niveles educativos y existe la preocupación de que posiblemente muchos estudiantes ya no regresen a la escuela. Asimismo, la pérdida masiva de fuentes de ingresos de las familias ha incrementado el riesgo al trabajo infantil, la explotación sexual y el matrimonio infantil.