El concepto de discapacidad ha cambiado de forma significativa a través del tiempo, transitando desde un enfoque centrado en las deficiencias del individuo, hacia un énfasis en la interacción y relación entre el individuo y su entorno físico y social.

La discriminación y desigualdad que viven las personas con discapacidad se refleja en todos los ámbitos de su vida, y se traduce, entre otros, en menores logros educacionales, una participación laboral más baja y una mayor presencia entre la población pobre.

El marco normativo para las personas con discapacidad se encuentra contenido en diversos instrumentos de derecho a nivel internacional, regional y nacional que precisan las obligaciones y deberes jurídicos de los Estados de respetar y garantizar el ejercicio por igual de todos los derechos humanos.

Algunas alternativas para revertir la desigualdad entre las personas con discapacidad incluyen leyes específicas de protección que promueven su inclusión laboral y social a través de la ampliación de oportunidades y accesibilidad en consonancia con la Convención de Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (CDPD).

Las desigualdades preexistentes de las personas con discapacidad se han profundizado a causa de la pandemia por COVID-19. En el contexto de las medidas de distanciamiento social que restingen su inclusión social. A esto se suma una mayor vulnerabilidad a contraer el virus dado que enfrentan más barreras en el acceso a los servicios de salud y la aplicación de medidas básicas de protección sanitaria.