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En atención a la obligación que tienen los Estados de organizar el aparato estatal para garantizar los derechos de la niñez, el informe analiza la institucionalidad necesaria para el cumplimiento de estos derechos, lo cual implica la creación de los entes u organismos encargados de la planificar, adoptar, implementar, monitorear y evaluar las políticas públicas, programas y servicios destinados a los niños, niñas y adolescentes, en los diversos niveles territoriales. El informe además destaca el deber de los Estados de adoptar una Política Nacional para la Niñez con una visión integral, multifacética, multisectorial y participativa, que considere la indivisibilidad e interdependencia de los derechos, que parta de un diagnostico realístico de la situación de los derechos de la niñez en el país, y fije objetivos, metas y resultados concretos a alcanzar durante el periodo de vigencia de la misma, así como los mecanismos de monitoreo y evaluación de su cumplimiento que permitan rendir cuentas a la sociedad sobre los avances alcanzados. La visión integral y holística de los derechos de la niñez, requiere crear mecanismos institucionales de articulación entre los diversos sectores y Ministerios que se vinculan con los derechos de la niñez e implica crear condiciones de coordinación tanto horizontal (intersectorial) como vertical (entre niveles de gobierno), así como la existencia de un ente responsable de la coordinación de todo el Sistema en su conjunto y que asegure el cumplimiento de la Política Nacional para la Niñez.