El territorio constituye un eje fundamental de la matriz de la desigualdad social, al determinar oportunidades y condiciones socioeconómicas e incidir en la realización de los derechos políticos, económicos y sociales. El territorio es por tanto un concepto de gran trascendencia, ya que es en él donde se cristalizan y entrecruzan las desigualdades.

El territorio incide en las oportunidades para la realización de los derechos políticos, económicos y sociales y puede ser una fuente de discriminación. De esta manera, las condiciones de vida, así como la probabilidad de ser rico o pobre depende, entre otros factores, del lugar del país en que se vive.

A pesar de que no existe un instrumento de carácter global referente a la garantía de derechos a nivel territorial, en los últimos años se han consolidado acuerdos intergubernamentales con una especial mirada a los problemas territoriales.

Las desigualdades territoriales tienen un carácter estructural y requieren de políticas sostenidas y pertinentes para atenuarlas, bajo este marco, se han identificado como prioritarias las políticas relacionadas a los gobiernos de proximidad, los acompañamientos familiares, la participación ciudadana y la visibilización territorial a través de una mayor desagregación de los datos.

En el contexto de la pandemia por COVID-19 las desigualdades territoriales se han manifestado especialmente en los territorios más rezagados socioeconómicamente, lo que ha acentuado, la necesidad de que las autoridades actúen para implementar medidas en las diferentes escalas territoriales, nacional, subnacional y local de manera integral y coordinada.