El seguimiento estadístico a la población indígena no es sencillo, ya que desde el mismo concepto de población indígena existen divergencias. Para fines estadísticos se ha recurrido principalmente a la autoidentificación como persona indígena. Ésta se incorpora en la mayoría de los censos, pero en mucho menor medida en las encuestas sectoriales, lo que dificulta la visibilidad estadística de esta población.Otros conceptos como la cosmovisión y el bienestar son centrales en el entendimiento de las brechas de desigualdad de este grupo poblacional.

En 2018, la población indígena de América Latina alcanzaba cerca de 58 millones de personas, lo que representa cerca del 10% de la población regional. El análisis de las brechas de desigualdad entre los pueblos indígenas y el resto de la sociedad ha sido históricamente complejo debido a la dificultad para identificar estadísticamente a las poblaciones indígenas, dado que existen diversas definiciones de lo que se considera un pueblo indígena.

El reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas se aborda en muchos convenios e instrumentos internacionales y regionales. Estos marcos destacan sus derechos a la libre determinación, así como los derechos colectivos al territorio indígena y a los recursos naturales dentro de dicho territorio, así como a la cultura e identidad de la población indígena.

Las políticas para reducir la desigualdad social que enfrenta la población indígena deben considerar, de manera transversal, sus propias formas de entender el bienestar desde sus cosmovisiones. Esto abarca el diseño e implementación de estrategias y programas que garanticen los derechos territoriales de los pueblos indígenas, un mayor acceso a la educación con pertinencia cultural, así como el acceso a servicios de salud más apropiados culturalmente.

Las brechas de desarrollo en las comunidades indígenas han provocado un acceso limitado al agua potable y a los servicios médicos, lo que establece un mayor riesgo de este grupo poblacional a impactos negativos causados por el COVID-19. Además, las barreras lingüísticas detonan menor acceso a la información sobre medidas de prevención.