Los actores no estatales son el conjunto de actores involucrados en lo público que, con cierta dotación de recursos organizativos y poder de influencia, no forman parte del aparato estatal. Por ejemplo, empresarios, sindicatos, organizaciones no gubernamentales, movimientos sociales, universidades, iglesias, comunidades indígenas y afrodescendientes y comunidades locales, entre otros.

La participación ciudadana y el involucramiento de actores no estatales son clave para lograr políticas sociales de calidad. En las últimas décadas se ha evidenciado que la participación activa de la ciudadanía en las políticas públicas ayuda a enfrentar las problemáticas sociales con mayor probabilidad de éxito. Ha cobrado tal relevancia que se considera un elemento central en el funcionamiento de cualquier democracia.

La participación se puede dar en forma colectiva o individual. En algunos casos es convocada desde el Estado, pero en otros surge de manera espontánea desde la ciudadanía misma, ya sea ordenada o desorganizada. La coordinación con actores no estatales ha ido ganando protagonismo como mecanismo político-institucional para la gestión de las políticas y programas sociales.

Para que la participación y coordinación sea efectiva, se requiere que los actores no estatales cuenten con capacidad de movilización social, información, organización, negociación y comunicación. También que desde el Estado exista reconocimiento y respeto por la diversidad, receptividad, mecanismos formales para la canalización de reclamos y de preferencias sobre la asignación de los recursos, mecanismos de alineación de inversión de otros actores no estatales, entre otros.