La institucionalidad social se entiende como el conjunto de reglas, recursos y estructuras organizacionales con los cuales se gestiona la política social, desde el diagnóstico y la priorización de objetivos hasta la implementación y la evaluación de sus resultados.

La calidad del marco institucional de las políticas sociales es crítica para el logro de la igualdad y el bienestar social. El diseño e implementación de las políticas sociales tendrá más probabilidades de lograr un impacto positivo si se enmarca en el funcionamiento de instituciones apropiadas.

La institucionalidad de las políticas sociales consta de cuatro dimensiones: el marco jurídico-normativo que da sustento a las acciones sociales, las características organizativas, que se refiere a los organismos responsables de coordinar y llevar a cabo dichas acciones, los elementos técnico-operativos, que son las herramientas de gestión, y el financiamiento de la política social.

Para avanzar en la institucionalidad social, es necesario entender el contenido y la dinámica administrativa y política de la institucionalidad de los países. Para ello se requiere y es clave examinar la interacción entre la institucionalidad social, los factores estructurales y los actores.

Una institucionalidad sólida y eficaz debe poseer varias caracterísitcas, pero dentro de ellas existen dos aspectos centrales. El primero, reglas y normas claras y transparentes para alcanzar una institucionalidad eficiente que minimice la utilización y captura para intereses particulares o políticos. El segundo es poner énfasis en la estructura organizacional a partir de la cual se gestiona la política social.