La población de 60 años o más está aumentando en toda la región, así como la longevidad, y se estima que las personas mayores llegarán a ser cerca de 200 millones en 2050, representando más de la cuarte parte de la población total. En este contexto los conceptos de esperanza de vida saludable, de cuidados de largo plazo y diversos temas vinculados a la salud física y mental, como la demencia y las enfermedades no transmisibles se tornarán centrales en el proceso de cierre de brechas de desigualdad de este grupo poblacional.

En América Latina y el Caribe, una gran parte de las personas mayores no tiene acceso a una pensión por vejez que les garantice su seguridad económica. Aunado a lo anterior, el acceso a los servicios de atención a la salud se hace más difícil entre las personas mayores con nivel socioeconómico bajo, que tampoco cuentan con la cobertura de sistemas de salud por la vía contributiva.

Existen algunos instrumentos internacionales y regionales para promover, proteger, y garantizar todos los derechos humanos y las libertades fundamentales de las personas mayores en condiciones de igualdad, como la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores y la Agenda 2030 para el desarrollo sostenible.

La seguridad básica del ingreso, el acceso a la salud, y el acceso a los servicios de cuidado de largo plazo son pilares muy importantes para fortalecer la protección social en las personas adultas mayores y reducir la desigualdad social que padecen.

La población adulta mayor sufrió un impacto directo de la pandemia por Covid-19, reflejado en una mayor tasa de mortalidad. Pero también se ha enfrentado a impactos indirectos importantes que incluyen la pérdida de sus redes sociales de apoyo, la limitación en el acceso a la atención a la salud, o la posible negligencia y abuso en instituciones e instalaciones de cuidado.