La inclusión social juvenil establece seis conceptos clave en este grupo poblacional: el acceso a la educación, la transición de la escuela al trabajo, el acceso a la salud (física y mental), así como la participación en distintos ámbitos, el acceso a la cultura y el derecho a una vida libre de violencia.

Invertir en la población joven es uno de los pilares fundamentales para alcanzar un desarrollo sostenible con igualdad en la región. Eso significa que la inclusión social de las personas jóvenes se debe comprender desde una perspectiva multidimensional, integral y con enfoque de derechos, en donde además de acceder a la educación, a la salud, o a un trabajo decente, deben sentirse parte de una sociedad que se construye en conjunto.

En América Latina y el Caribe existen instrumentos como la Convención Iberoamericana de los Derechos de los Jóvenes, la cual plantea el compromiso de reconocer los derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales de las personas jóvenes. También, existen estudios que plantean múltiples perspectivas sobre la caracterización y problematización de la población joven.

Para avanzar hacia la inclusión de las personas jóvenes es necesario consolidar políticas de juventud que sean integrales y con perspectiva generacional. Dichas políticas deben considerar medidas para cerrar las principales brechas que afectan a la juventud en educación, salud, empleo, participación, cultura y acceso a una vida libre de violencia.

La población joven fue afectada considerablemente por la pandemia por Covid 19, ya que ha sufrido frustración, aislamiento, ansiedad y depresión ante el confinamiento, lo que puede conducir a un mayor uso de tabaco, alcohol y drogas, ocasionando impactos de largo plazo en su salud. En términos de puestos de trabajo, la pandemia también ha hecho mella en los jóvenes.