Los conceptos de inserción laboral, formación dual, derechos laborales son centrales para el proceso de cierre de brechas de desigualdad en la población adulta. También lo son los nuevos conceptos asociados a la tecnificación del mercado laboral, en el marco de la economía gig y de las nuevas modalidades del mundo del trabajo.

Para el año 2030, se estima que la población adulta en la región alcanzará un 44,7%. Ello debiera ser favorable para el contexto socioeconómico de las personas, ya que la población adulta, que es capaz de generar ingresos, es mayor que el resto de la población que depende económicamente de ellas. Sin embargo ese contexto favorable no está garantizado, ya que depende de la capacidad de las economías para generar empleos productivos y decentes.

Los derechos al trabajo en condiciones justas y favorables, y a la protección social, están garantizados en todos los principales convenios, convenciones y pactos internacionales. Como, por ejemplo, en los derechos a un nivel adecuado de vida, incluyendo vestido, alimentación y vivienda que se reflejan en la Declaración Universal de Derechos Humanos y en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC).

Para garantizar el acceso a trabajos dignos, sostenibles, con ingresos suficientes y condiciones seguras, es necesario evitar la informalidad, brindando certidumbre laboral ante riesgos económicos y desastres de origen natural o sanitario. Esto podría lograrse a través del fortalecimiento de las normativas y regulaciones laborales, incrementando el acceso a la seguridad social y los salarios.

La pandemia por COVID-19 ha impactado toda la población de América Latina y el Caribe, entre ellos a la población adulta, que tuvo que adaptarse a una nueva forma de teletrabajo, o en su caso ajustarse a nuevas modalidades del mundo del trabajo. Además, se estima que durante 2020 se perdieron en la región cerca de 30 millones de empleos.