Diversos conceptos son relevantes en el contexto del cierre de brechas en la población migrante, desde los diversos factores que impulsan la decisión de migrar (factores expulsores) pasando por las trayectorias migratorias, que incluyen los estados de tránsito, destino, y retorno, hasta la propensión a permanecer con el fin de alcanzar mejores niveles de bienestar.

El término “personas migrantes” reúne múltiples realidades, necesidades, motivaciones y riesgos. Todos los países, en distintas medidas, reciben, expulsan o son territorios de tránsito y, por lo tanto, enfrentan desafíos relacionados con la vulneración de los derechos de las personas migrantes y la discriminación que sufren en sus travesías y procesos de inserción social.

El marco reglamentario de la migración está conformado por un extenso grupo de convenciones internacionales, tratados regionales, bilaterales, y legislaciones nacionales, en los que se incluyen disposiciones generales y específicas para proteger los derechos de los migrantes con miras a la inclusión social y protección ante la violación de sus derechos.

Dentro de las políticas prioritarias para reducir las desigualdades que enfrentan las personas migrantes son consideradas la regularización migratoria, la promoción al acceso a la educación y la salud, la portabilidad de las prestaciones sociales, la reducción del costo de las remesas y la inclusión financiera.

El impacto de la pandemia en las personas migrantes ha profundizado las vulnerabilidades y precariedades ya existentes, reflejándose especialmente, en el acceso limitado a los servicios de salud, la reducción de ingresos y la vulneración de los derechos humanos y protección social.