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Las políticas prioritarias para reducir la desigualdad en la población infantil y adolescente deben estar orientadas principalmente a la promoción del bienestar y de la inclusión social en todas las etapas de la infancia y adolescencia (incluyendo la erradicación de la pobreza), y a la protección infantil para resguardar el derecho de los niños, niñas y adolescentes a desarrollarse en un entorno seguro y libre de violencia.